Intervención sobre las medidas qe va a adoptar el Gobierno para ayudar a las Administraciones Públicas a reducir los problemas de morosidad

“Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas hasta 2010. Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.

En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.

Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con PYMES y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.

En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.”

Intervención en Pleno sobre las actuaciones del Gobierno en el avence del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la AGE

“Señorías, me parece especialmente oportuno que en un mismo día hayamos tenido la ocasión de realizar dos debates sobre el mismo tema desde ópticas, además, completamente contrapuestas. Sin duda, es una oportunidad para que el Grupo Parlamentario Socialista manifieste una vez más el apoyo a la realidad plurilingüe del Estado, al modelo del Estado de las autonomías que nos ofrece nuestra Constitución y a la legalidad vigente. Es una oportunidad para dejar constancia de cuál es nuestra concepción del Estado. Desde este grupo parlamentario queremos, una vez más, manifestar el orgullo que sentimos de vivir en un país plural, con distintas culturas y distintas lenguas. Para nosotros todas las lenguas españolas, como vehículo de comunicación, como identidad, como motor cultural y, en definitiva, como conocimiento, son importantes; son dignas de protección y de promoción; son parte de nuestra riqueza. Vivir en un territorio donde hay dos lenguas oficiales no es una condena, se lo aseguro. Al contrario, conocer y poder expresarse en dos lenguas en vez de una, o de tres en vez de dos, o de tantas como sea posible, sin duda, nos ayuda a ser más libres. Para los socialistas el conocimiento es garantía de libertad. Desde el inicio de la democracia y con la creación del Estado de las autonomías, cada comunidad autónoma ha ido creando su modelo lingüístico de acuerdo con sus competencias. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, las distintas lenguas de España son patrimonio cultural de todos, por lo que deben ser objeto de especial respeto y protección. En otras palabras, todas las lenguas españolas son una cuestión de todos, no solo de algunas comunidades autónomas. Los que creemos de verdad en este patrimonio, que muy pocos países pueden exhibir, no nos podemos permitir el lujo de dejar de reiterarlo. Por eso, el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor también ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino en factor de cohesión y unión en la diferencia. Seguramente actitudes un poco más constructivas por parte de aquellos que supuestamente quieren lo mismo ayudaría

El sistema autonómico implica diversidad y diferencias. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía. No entender esto es no entender nuestro modelo constitucional y, en realidad, es ir contra él.En este sentido, los Gobiernos socialistas y este grupo parlamentario han avanzado significativamente en la difusión, la promoción y el reconocimiento de todas las lenguas oficiales. Lo hemos hecho por convicción, no por oportunidad, y mucho menos por oportunismo. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo ser exigentes para que nadie sea discriminado por razón de la lengua que utilice.

Conociendo y apoyando esta realidad, en la anterior legislatura nuestro Estado, concretamente el Gobierno, creó un órgano nuevo en el marco del Ministerio de Administraciones Públicas, como es el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina de Lenguas Oficiales. La existencia de estos organismos supone un paso de gigante en la adaptación y en la concienciación de toda la Administración General del Estado, en la necesidad de ofrecer en los territorios con dos lenguas oficiales un servicio público auténticamente bilingüe a los ciudadanos, que garantice los derechos de opción lingüística de esta ciudadanía. En ese contexto pensamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, en la necesidad de activar con celeridad los trabajos del Consejo y de la Oficina de las Lenguas. Hemos creado ese instrumento porque creemos en él y en el papel que puede desarrollar. Además la enmienda socialista centra su prioridad en los derechos de los ciudadanos, supone un avance en la garantía de los derechos de opción lingüística de la ciudadanía, no solo en su relación con la Administración General del Estado, sino también con los órganos constitucionales, tal como determina el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señorías, con esta enmienda ofrecemos un texto para el acuerdo de avance hacia objetivos comunes. Hemos perdido esta oportunidad y nosotros lo lamentamos. No queremos hacer del tema lingüístico un tema de enfrentamiento. Nos conviene a todos hacer un tratamiento amable y a favor de la convivencia a la hora de abordar las políticas lingüísticas. Solo así será posible avanzar en positivo. Solo así se demuestra la voluntad de construir juntos un futuro.

La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero los invito a la siguiente reflexión. Parece que al final lo que nos debería importar es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones. Con la confrontación y posiciones maximalistas no serán posibles los acuerdos necesarios para impulsar el plurilingüísmo por el que apostamos. Tenemos una legislatura por delante y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez como hasta ahora.

Termino, señora presidenta, diciendo que el tratamiento de la realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Esa es nuestra apuesta. Como dije en su día, desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad y con su actitud no ayudan a las otras lenguas oficiales distintas del castellano".