Intervención sobre las medidas qe va a adoptar el Gobierno para ayudar a las Administraciones Públicas a reducir los problemas de morosidad

“Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas hasta 2010. Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.

En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.

Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con PYMES y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.

En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.”

Intervención en Pleno sobre las actuaciones del Gobierno en el avence del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la AGE

“Señorías, me parece especialmente oportuno que en un mismo día hayamos tenido la ocasión de realizar dos debates sobre el mismo tema desde ópticas, además, completamente contrapuestas. Sin duda, es una oportunidad para que el Grupo Parlamentario Socialista manifieste una vez más el apoyo a la realidad plurilingüe del Estado, al modelo del Estado de las autonomías que nos ofrece nuestra Constitución y a la legalidad vigente. Es una oportunidad para dejar constancia de cuál es nuestra concepción del Estado. Desde este grupo parlamentario queremos, una vez más, manifestar el orgullo que sentimos de vivir en un país plural, con distintas culturas y distintas lenguas. Para nosotros todas las lenguas españolas, como vehículo de comunicación, como identidad, como motor cultural y, en definitiva, como conocimiento, son importantes; son dignas de protección y de promoción; son parte de nuestra riqueza. Vivir en un territorio donde hay dos lenguas oficiales no es una condena, se lo aseguro. Al contrario, conocer y poder expresarse en dos lenguas en vez de una, o de tres en vez de dos, o de tantas como sea posible, sin duda, nos ayuda a ser más libres. Para los socialistas el conocimiento es garantía de libertad. Desde el inicio de la democracia y con la creación del Estado de las autonomías, cada comunidad autónoma ha ido creando su modelo lingüístico de acuerdo con sus competencias. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, las distintas lenguas de España son patrimonio cultural de todos, por lo que deben ser objeto de especial respeto y protección. En otras palabras, todas las lenguas españolas son una cuestión de todos, no solo de algunas comunidades autónomas. Los que creemos de verdad en este patrimonio, que muy pocos países pueden exhibir, no nos podemos permitir el lujo de dejar de reiterarlo. Por eso, el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor también ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino en factor de cohesión y unión en la diferencia. Seguramente actitudes un poco más constructivas por parte de aquellos que supuestamente quieren lo mismo ayudaría

El sistema autonómico implica diversidad y diferencias. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía. No entender esto es no entender nuestro modelo constitucional y, en realidad, es ir contra él.En este sentido, los Gobiernos socialistas y este grupo parlamentario han avanzado significativamente en la difusión, la promoción y el reconocimiento de todas las lenguas oficiales. Lo hemos hecho por convicción, no por oportunidad, y mucho menos por oportunismo. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo ser exigentes para que nadie sea discriminado por razón de la lengua que utilice.

Conociendo y apoyando esta realidad, en la anterior legislatura nuestro Estado, concretamente el Gobierno, creó un órgano nuevo en el marco del Ministerio de Administraciones Públicas, como es el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina de Lenguas Oficiales. La existencia de estos organismos supone un paso de gigante en la adaptación y en la concienciación de toda la Administración General del Estado, en la necesidad de ofrecer en los territorios con dos lenguas oficiales un servicio público auténticamente bilingüe a los ciudadanos, que garantice los derechos de opción lingüística de esta ciudadanía. En ese contexto pensamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, en la necesidad de activar con celeridad los trabajos del Consejo y de la Oficina de las Lenguas. Hemos creado ese instrumento porque creemos en él y en el papel que puede desarrollar. Además la enmienda socialista centra su prioridad en los derechos de los ciudadanos, supone un avance en la garantía de los derechos de opción lingüística de la ciudadanía, no solo en su relación con la Administración General del Estado, sino también con los órganos constitucionales, tal como determina el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señorías, con esta enmienda ofrecemos un texto para el acuerdo de avance hacia objetivos comunes. Hemos perdido esta oportunidad y nosotros lo lamentamos. No queremos hacer del tema lingüístico un tema de enfrentamiento. Nos conviene a todos hacer un tratamiento amable y a favor de la convivencia a la hora de abordar las políticas lingüísticas. Solo así será posible avanzar en positivo. Solo así se demuestra la voluntad de construir juntos un futuro.

La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero los invito a la siguiente reflexión. Parece que al final lo que nos debería importar es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones. Con la confrontación y posiciones maximalistas no serán posibles los acuerdos necesarios para impulsar el plurilingüísmo por el que apostamos. Tenemos una legislatura por delante y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez como hasta ahora.

Termino, señora presidenta, diciendo que el tratamiento de la realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Esa es nuestra apuesta. Como dije en su día, desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad y con su actitud no ayudan a las otras lenguas oficiales distintas del castellano".

Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el principio de igualdad

"Señorías, en primer lugar, quiero decir que me gustaría que recordáramos todos sobre qué tema presentó el principal partido de la oposición su primera proposición no de ley en esta nueva legislatura.

Quiero hablar, como siempre he hecho, desde la sinceridad y desde la honestidad política e intelectual y, por eso, pido ser escuchada desde la misma posición. Todas las comunidades autónomas con lengua propia tienen una regulación de las mismas, y así lo establece el artículo 3.2 de la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional 82/86 es diáfana en su redacción cuando en el fundamento jurídico quinto dice: "La instauración por el artículo 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas comunidades autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades y, en primer término, el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la comunidad respectiva con plena eficacia jurídica. Puede esta, pues, enunciar este derecho y junto a él el consiguiente deber de todos los poderes públicos -estatales, autonómicos y locales- radicados en la comunidad de adaptarse a la situación de bilingüismo constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida." De lo que estamos hablando es de la igualdad de los ciudadanos y de la libertad que estos tienen de dirigirse a sus administraciones en cualquiera de las lenguas oficiales, no de los funcionarios que son, al fin y al cabo, servidores públicos.

Por referirme al caso que ha suscitado mayor controversia, también quiero hacer referencia al sistema educativo de Cataluña. El marco legislativo de la política lingüística que nace en Cataluña con la Ley 7/83 contempla el catalán como la lengua vehicular en el sistema educativo, al mismo tiempo que se garantiza que todos los niños y niñas de Cataluña puedan utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios obligatorios. Esta ley fue aprobada por unanimidad cuando el consenso sobre el sistema autonómico existía. Los socialistas defendimos este modelo, que finalmente votamos todos, por ser un modelo de cohesión social y no de segregación, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, elimina los ciudadanos de primera y de segunda y hace, por tanto, más libres a las personas que viven en Cataluña. Llevamos veinticinco años con este modelo y es un ejemplo admirado por el bilingüismo real que ha conseguido. ¿Qué bilingüismo equilibrado e integrador defienden ustedes? ¿El que se da en Euskadi, por ejemplo? Lean, en este sentido, el programa del PSE para las próximas elecciones.
Eso es bilingüismo integrador. (Aplausos.) Conocer dos lenguas oficiales hace que seamos más libres, porque nuestro futuro laboral, las relaciones interpersonales, el nivel de formación y capacitación al que habremos llegado serán mejores. Este modelo permite tener una mayor integración y una mayor garantía de igualdad de oportunidades.

En realidad, esta proposición no de ley es un cuestionamiento del sistema autonómico, es un cuestionamiento del principio de autonomía de las comunidades autónomas otorgado por la Constitución española. Para hacer este cuestionamiento, además, mezclan un concepto de igualdad mal entendido, un concepto de igualdad que se debe aplicar a las personas, no a las comunidades autónomas. Se lo dice muy bien dicho la sentencia del Constitucional 37/87 en su fundamento jurídico décimo, que aquí reproduzco: El principio constitucional de igualdad no impone que todas las comunidades autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Así, el principio de igualdad incide en el despliegue del principio de autonomía, pero no puede desvirtuarlo, no puede confundirse, por tanto, con un principio de uniformidad.

El principio de igualdad que ustedes defienden con esta iniciativa va simple y llanamente contra la Constitución, contra el sistema autonómico y contra la jurisprudencia constitucional. Es un principio homogeneizador e igualitarista. Vaya, que parece que acaban de descubrir el principio de igualdad y toman el concepto del marxismo leninismo. Les falta una cierta evolución, como hemos hecho los partidos socialdemócratas europeos, para llegar a un concepto moderno de igualdad. (Aplausos.) Ojalá destinaran al menos la mitad de estas energías para garantizar la igualdad de verdad de las personas cuando y donde gobiernan.

El sistema autonómico implica diversidad, diferencias por elementos objetivos, como es el hecho de que exista una lengua cooficial o por el hecho de ejercer la autonomía por los distintos gobiernos, decidiendo invertir más dinero en un ámbito o en otro. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía y de las potenciales desigualdades que un gobierno autonómico pueda crear se ocupa este Gobierno, el Gobierno Socialista. En España hay un suelo común de prestaciones que vela por la igualdad. El Partido Socialista ha sido quien se ha ocupado de ello, ha potenciado desde todos sus gobiernos políticas vertebradoras de la igualdad de los ciudadanos: universalización de la educación y la sanidad pública, y muy especialmente durante la última legislatura en dependencia, emergencias, vivienda, subida de pensiones, del salario mínimo interprofesional, ampliación de becas y protección, en definitiva, de los más necesitados. Esas son políticas de igualdad y de ellas nos hemos ocupado los socialistas.

¿De qué igualdad nos están hablando, de la que practican algunas comunidades autónomas gobernadas por ustedes no aplicando la Ley de la Dependencia, privatizando los servicios públicos, por ejemplo, en Madrid con la asistencia sanitaria (Aplausos.), la privatización de la educación o la regulación sui géneris de las guarderías? ¿Esta es la igualdad que ustedes defienden? Esto sí que es desigualdad y no la adquisición de conocimiento de otra lengua. ¿O es que las lenguas de España van a ser las únicas que teniendo la oportunidad de aprenderlas decidimos no hacerlo?

¿Saben lo que es igualdad? Igualdad es vertebración social, es disminución de las diferencias entre los ciudadanos, es que ofrezcamos a nuestros hijos un futuro en igualdad de condiciones, es que el conocimiento de las lenguas de la sociedad donde vamos a vivir nos permita acceder a los mismos puestos de trabajo a todos y tener así las mismas oportunidades de futuro. No se preocupen, la igualdad social, la igualdad de oportunidades, la protección de los desfavorecidos la garantizamos, y lo seguiremos haciendo nosotros, porque ese sí que es un principio de nuestra justificación política. ¿Saben lo que pienso? Que hace mucho abandonaron el concepto de libertad y nunca han entendido lo que es la defensa de la igualdad. No teman, los dos valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico estarán garantizados por este Gobierno y por este grupo parlamentario".