Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el principio de igualdad

"Señorías, en primer lugar, quiero decir que me gustaría que recordáramos todos sobre qué tema presentó el principal partido de la oposición su primera proposición no de ley en esta nueva legislatura.

Quiero hablar, como siempre he hecho, desde la sinceridad y desde la honestidad política e intelectual y, por eso, pido ser escuchada desde la misma posición. Todas las comunidades autónomas con lengua propia tienen una regulación de las mismas, y así lo establece el artículo 3.2 de la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional 82/86 es diáfana en su redacción cuando en el fundamento jurídico quinto dice: "La instauración por el artículo 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas comunidades autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades y, en primer término, el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la comunidad respectiva con plena eficacia jurídica. Puede esta, pues, enunciar este derecho y junto a él el consiguiente deber de todos los poderes públicos -estatales, autonómicos y locales- radicados en la comunidad de adaptarse a la situación de bilingüismo constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida." De lo que estamos hablando es de la igualdad de los ciudadanos y de la libertad que estos tienen de dirigirse a sus administraciones en cualquiera de las lenguas oficiales, no de los funcionarios que son, al fin y al cabo, servidores públicos.

Por referirme al caso que ha suscitado mayor controversia, también quiero hacer referencia al sistema educativo de Cataluña. El marco legislativo de la política lingüística que nace en Cataluña con la Ley 7/83 contempla el catalán como la lengua vehicular en el sistema educativo, al mismo tiempo que se garantiza que todos los niños y niñas de Cataluña puedan utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios obligatorios. Esta ley fue aprobada por unanimidad cuando el consenso sobre el sistema autonómico existía. Los socialistas defendimos este modelo, que finalmente votamos todos, por ser un modelo de cohesión social y no de segregación, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, elimina los ciudadanos de primera y de segunda y hace, por tanto, más libres a las personas que viven en Cataluña. Llevamos veinticinco años con este modelo y es un ejemplo admirado por el bilingüismo real que ha conseguido. ¿Qué bilingüismo equilibrado e integrador defienden ustedes? ¿El que se da en Euskadi, por ejemplo? Lean, en este sentido, el programa del PSE para las próximas elecciones.
Eso es bilingüismo integrador. (Aplausos.) Conocer dos lenguas oficiales hace que seamos más libres, porque nuestro futuro laboral, las relaciones interpersonales, el nivel de formación y capacitación al que habremos llegado serán mejores. Este modelo permite tener una mayor integración y una mayor garantía de igualdad de oportunidades.

En realidad, esta proposición no de ley es un cuestionamiento del sistema autonómico, es un cuestionamiento del principio de autonomía de las comunidades autónomas otorgado por la Constitución española. Para hacer este cuestionamiento, además, mezclan un concepto de igualdad mal entendido, un concepto de igualdad que se debe aplicar a las personas, no a las comunidades autónomas. Se lo dice muy bien dicho la sentencia del Constitucional 37/87 en su fundamento jurídico décimo, que aquí reproduzco: El principio constitucional de igualdad no impone que todas las comunidades autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Así, el principio de igualdad incide en el despliegue del principio de autonomía, pero no puede desvirtuarlo, no puede confundirse, por tanto, con un principio de uniformidad.

El principio de igualdad que ustedes defienden con esta iniciativa va simple y llanamente contra la Constitución, contra el sistema autonómico y contra la jurisprudencia constitucional. Es un principio homogeneizador e igualitarista. Vaya, que parece que acaban de descubrir el principio de igualdad y toman el concepto del marxismo leninismo. Les falta una cierta evolución, como hemos hecho los partidos socialdemócratas europeos, para llegar a un concepto moderno de igualdad. (Aplausos.) Ojalá destinaran al menos la mitad de estas energías para garantizar la igualdad de verdad de las personas cuando y donde gobiernan.

El sistema autonómico implica diversidad, diferencias por elementos objetivos, como es el hecho de que exista una lengua cooficial o por el hecho de ejercer la autonomía por los distintos gobiernos, decidiendo invertir más dinero en un ámbito o en otro. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía y de las potenciales desigualdades que un gobierno autonómico pueda crear se ocupa este Gobierno, el Gobierno Socialista. En España hay un suelo común de prestaciones que vela por la igualdad. El Partido Socialista ha sido quien se ha ocupado de ello, ha potenciado desde todos sus gobiernos políticas vertebradoras de la igualdad de los ciudadanos: universalización de la educación y la sanidad pública, y muy especialmente durante la última legislatura en dependencia, emergencias, vivienda, subida de pensiones, del salario mínimo interprofesional, ampliación de becas y protección, en definitiva, de los más necesitados. Esas son políticas de igualdad y de ellas nos hemos ocupado los socialistas.

¿De qué igualdad nos están hablando, de la que practican algunas comunidades autónomas gobernadas por ustedes no aplicando la Ley de la Dependencia, privatizando los servicios públicos, por ejemplo, en Madrid con la asistencia sanitaria (Aplausos.), la privatización de la educación o la regulación sui géneris de las guarderías? ¿Esta es la igualdad que ustedes defienden? Esto sí que es desigualdad y no la adquisición de conocimiento de otra lengua. ¿O es que las lenguas de España van a ser las únicas que teniendo la oportunidad de aprenderlas decidimos no hacerlo?

¿Saben lo que es igualdad? Igualdad es vertebración social, es disminución de las diferencias entre los ciudadanos, es que ofrezcamos a nuestros hijos un futuro en igualdad de condiciones, es que el conocimiento de las lenguas de la sociedad donde vamos a vivir nos permita acceder a los mismos puestos de trabajo a todos y tener así las mismas oportunidades de futuro. No se preocupen, la igualdad social, la igualdad de oportunidades, la protección de los desfavorecidos la garantizamos, y lo seguiremos haciendo nosotros, porque ese sí que es un principio de nuestra justificación política. ¿Saben lo que pienso? Que hace mucho abandonaron el concepto de libertad y nunca han entendido lo que es la defensa de la igualdad. No teman, los dos valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico estarán garantizados por este Gobierno y por este grupo parlamentario".